Da ‘manga ancha’ Estado a Cosijoopii

El polémico convenio con el que la Secretaría del Medio Ambiente permitía a Reforestación Extrema recibir cientos de millones de pesos sin seguir las leyes de transparencia y rendición de cuentas, ya fue sustituido… por otro más opaco y más laxo.

Los pocos requisitos de comprobación que existían en el acuerdo original, que incluían documentar ante la Secretaría ingresos y gastos -aunque no se hicieran públicos-, desaparecieron.

En marzo de 2023, la cláusula sexta del convenio contemplaba informes trimestrales a los que debían adjuntar estados de cuenta bancarios sobre los ingresos, y comprobantes y evidencias de la aplicación de los recursos.

Ahora, sólo se pide una descripción de las actividades realizadas con los fondos.

«(La asociación deberá) detallar los conceptos y acciones en los que se han aplicado los recursos aportados por los promoventes, tanto acreditando los ingresos a la cuenta única con los estados de cuenta conducentes, como con los comprobantes de adquisición y demás evidencias que corroboren la aplicación de estos a los proyectos autorizados mediante convenios específicos», decía el documento original.

Ese convenio fue firmado por Félix Arratia, entonces Secretario de Medio Ambiente, y Cosijoopii Montero, director de la asociación civil, que hasta los primeros días de mayo había recibido más de 320 millones de pesos.

Pero la redacción de esa cláusula quedó atrás en el nuevo documento, firmado por Alfonso Martínez en calidad de Secretario, y quien recientemente fue degradado a Subsecretario.

La vigencia del nuevo acuerdo inició del 31 de diciembre de 2024 y concluirá el 31 de diciembre de 2025.

«(El fondo deberá) describir las actividades en los que se han aplicado los recursos que sean aportados por los promoventes con motivo del presente convenio. Dicho reporte que deberá de estar firmado de forma autógrafa por el representante legal de «EL FONDO»… tendrá un plazo máximo de entrega de 07-siete días hábiles», dice el documento actual.

Gracias a estos convenios, la Secretaría permite que las compensaciones económicas que empresas y particulares aportan por el impacto ambiental que generan con sus obras y actividades no entren a la Tesorería estatal, sino que se depositen en las cuentas de organizaciones como Reforestación Extrema.

Mediante este esquema, tanto la autoridad como la organización alegan que se trata de recursos privados que no están obligados a transparentar ni a aplicar las leyes de adquisiciones y fiscalización.

Montero incluso alegó que su obligación era entregar documentación a la Secretaría.

Pese a los cuestionamientos generados por la opacidad de este programa y ante las resoluciones del Instituto de Transparencia, que consideran que la información debe ser pública, la Secretaría estatal decidió exigir menos documentos a la asociación.